El video apareció de pronto, como ya es costumbre en Michoacán: once personas encapuchadas, vestidas de negro, encabezadas por alguien que se hace llamar Comandante Arango, anunciando la creación del Ejército Purépecha de Libertad Michoacana (EPLM).
Denuncian extorsiones, desapariciones, violaciones, cobros de piso y complicidad de las autoridades locales con el crimen organizado. Señalan con nombre y apellido a dos alcaldes y dicen estar dispuestos a recuperar el control territorial que —según ellos— el Estado ha perdido.
¿Montaje? ¿Una nueva máscara del crimen organizado? ¿Otra autodefensa reciclada? El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no lo dudó: es el tercer video del año y —dice— forma parte de una campaña criminal para desestabilizar. Puede ser. Pero también podría ser otra cosa.
Michoacán ha sido laboratorio —y cementerio— de experimentos de seguridad fallidos. Desde 2013, cuando las autodefensas irrumpieron en Tierra Caliente con apoyo ciudadano y luego fueron cooptadas por narcos, políticos o ambos, la desconfianza lo tiñe todo. Pero también lo hace el hartazgo.
Si el EPLM es un montaje, debe probarse y desactivarse con claridad. Pero si es un nuevo intento ciudadano de decir “basta” ante el abandono institucional, el desdén o la corrupción de algunos gobiernos locales –todoe emanados de Morena–, ignorarlo o descalificarlo de inmediato sería repetir errores del pasado.
La violencia en Michoacán no es una novedad, pero el silencio oficial frente a las comunidades más afectadas empieza a ser insoportable. Cherán y El Coire han denunciado asesinatos recientes. Nadie escucha.
Mientras tanto, en redes sociales aparecen voces que, con sombrero, fusil y discurso firme, prometen justicia. Puede ser justicia, o puede ser caos. Pero conviene no cerrar los ojos.
Porque en un estado donde la extorsión es cotidiana y la seguridad depende de pactos invisibles, hasta los montajes —si lo fueran— revelan verdades incómodas.
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