COMUNICADO EPR
29 septiembre 2025
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
A 18 años y cinco meses de la desaparición forzada de nuestros militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la política del gobierno sigue siendo la misma: negar la justicia a través de la dilación y el burocratismo; proteger a los perpetradores de esta práctica aborrecible, impunidad que permite el cometido de nuevos crímenes de lesa humanidad.
Los trabajos de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB) están estancados propositivamente por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), no se busca en vida a nuestros militantes, dan por sentado que están muertos y con ello cerrar el caso bajo la impunidad total.
Perversamente desde un principio la PGR, hoy la FGR, encauzó la investigación no para solucionar la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, las diligencias estuvieron encaminadas para construir escenarios políticos que vinculen a ciudadanos y organizaciones legales con nuestro partido; y, al mismo tiempo vincular al PDPR-EPR con la delincuencia organizada o con el mundo criminal del capitalismo.
Desde el año 2007, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se armaron expedientes jurídicos para crear falsos culpables, chivos expiatorios y relaciones inexistentes entre el movimiento popular y el revolucionario; bajo la política de seguridad de dicho gobierno a cargo de Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, a través de la figura del testigo protegido, se incriminó a inocentes con el movimiento revolucionario, sobre todo a quienes pertenecen a organizaciones populares que se han solidarizado con la exigencia de la presentación con vida de nuestros camaradas.
En dicho contexto represivo, el gobierno morenista que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, da continuidad a los planes contrainsurgentes panistas-priistas que buscan golpear y destruir tanto al movimiento revolucionario como al popular.
Expedientes jurídicos elaborados en tiempos del gobierno de Felipe Calderón aún son utilizados como instrumentos para allanar el camino en el cometido de nuevos crímenes de Estado; generar más presos políticos sobre imputaciones falsas; y, carpetas de investigación, así como, procesos jurídicos que crean perseguidos políticos.
El aparato represivo en general, y en particular la cúpula policíaco militar encargada de planear y ejecutar la contrainsurgencia, sigue operando de la misma manera, con el mismo objetivo y los mismos métodos; se imputa falsamente para encarcelar a los que luchan por demandas sentidas del pueblo y se persigue políticamente tanto a opositores y críticos al régimen, a luchadores sociales como a defensores de los derechos humanos.
La figura de testigo colaborador como mecanismo jurídico es utilizado por la FGR para incriminar y judicializar a ciudadanos y organizaciones con actividades revolucionarias, es decir, para crear falsos culpables, para inventar falsas militancias con el PDPR-EPR. El testigo colaborador es una herramienta para cometer la arbitrariedad del Estado contra cualquier ciudadano.
Las declaraciones del supuesto testigo colaborador con clave Salvador, que forman parte de diferentes expedientes incriminatorios contra ciudadanos y organizaciones legales, son un invento de la PGR que hoy le da continuidad la FGR; cada una de ellas están armadas con mentiras surrealistas que carecen de rigor objetivo; mentes y manos maquiavélicas en la FGR son los autores del testigo Salvador.
El Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) informa a nuestro pueblo que ningún militante, mucho menos un comandante de nuestro partido-ejército es testigo colaborador del Estado; ninguno de los detenidos en junio, julio y septiembre del presente año pertenecen a nuestras filas, tampoco son responsables de lo que se les incrimina; de igual manera los ciudadanos imputados en la misma carpeta de investigación no pertenecen a nuestro partido-ejército.
Por lo tanto, desde la trinchera que enarbola nuestro partido exigimos una alto a la represión bajo este mecanismo contrainsurgente.
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL COMUNICADO
EPR niega vínculos con detenidos recientes y rechaza declaraciones de “testigo protegido”
Denuncia que declaraciones de un supuesto militante con clave “Salvador” estarían siendo usadas en expedientes judiciales contra ciudadanos y organizaciones sociales
por Alejandro Jiménez
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) dio a conocer que durante los meses de junio, julio y septiembre de este año fueron detenidos por el gobierno federal supuestos militantes de su organización, pero negó que alguno de ellos sea “testigo colaborador” del Estado, en referencia a un declarante con clave “Salvador”, cuyas versiones estarían siendo usadas en expedientes judiciales contra ciudadanos y organizaciones sociales.
“Las declaraciones del supuesto testigo colaborador con clave Salvador […] son un invento de la PGR que hoy le da continuidad la FGR; cada una de ellas están armadas con mentiras surrealistas que carecen de rigor objetivo”, señaló la organización en un comunicado firmado por el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y su Comandancia General.
El grupo insurgente afirmó que ninguno de los detenidos recientemente, ni los ciudadanos imputados en la misma carpeta de investigación, pertenecen al EPR y sostuvo que las acusaciones “responden a una estrategia de criminalización del movimiento social y revolucionario”.
El EPR señaló que desde el gobierno de Felipe Calderón se fabricaron expedientes para incriminar a inocentes mediante la figura de testigos protegidos, práctica que, según ellos, se mantiene vigente.
Además, acusó que el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo da continuidad a los “planes contrainsurgentes panistas-priistas” al mantener vigentes procesos jurídicos elaborados en sexenios anteriores.
“El aparato represivo en general, y en particular la cúpula policíaco militar encargada de planear y ejecutar la contrainsurgencia, sigue operando de la misma manera, con el mismo objetivo y los mismos métodos; se imputa falsamente para encarcelar a los que luchan por demandas sentidas del pueblo y se persigue políticamente tanto a opositores y críticos al régimen, a luchadores sociales como a defensores de los derechos humanos”, señaló.
En su pronunciamiento, el EPR volvió a señalar la falta de avances en la investigación por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida en Oaxaca en mayo de 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón. Diversas organizaciones de derechos humanos responsabilizan al Estado mexicano por este caso, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El grupo acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) mantienen estancados los trabajos de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB), lo que consideran una estrategia deliberada para dar por muertos a sus militantes y cerrar el caso bajo condiciones de impunidad.
ANÁLISIS DEL COMUNICADO
Disco duro / ¿Contrainsurgencia en marcha?
por Alejandro Jiménez
De manera inopinada, el Ejército Popular Revolucionario emitió el lunes un comunicado en el que se deslindó de “los detenidos en junio, julio y agosto por la Fiscalía General de la República”, particularmente de “Salvador”, un presunto testigo protegido quien estaría revelando secretos de la organización subversiva revolucionaria y sus nexos con organizaciones de la sociedad civil.
Consultada la Fiscalía, negó tener conocimiento de detenciones con este tema durante los meses referidos.
¿Quién dice la verdad? Por supuesto todo depende de a quién le otorgue uno mayor credibilidad, sin embargo, dada la trayectoria del grupo guerrillero –hoy más epistolar que brazo armado–, resulta difícil pensar que estaría dispuesto a meterse en una controversia pública de a gratis con el gobierno federal.
Su comunicado refleja preocupación, lo que da a pensar que, aunque se deslinde, en el fondo sí lo habrían tocado de alguna forma. Si las detenciones fueran falsas o de personas en verdad ajenas a su organización, no tendrían motivo de molestia pues los aprehendidos no estarían en condiciones de revelar absolutamente nada. Pero si hay algo de verdad, así sea en algún grado, tendrían razón para estar alarmados.
Ahora bien, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que hubo detenciones de milicianos o personas ligadas de una u otra forma a la guerrilla, ¿cuál es la razón de acciones contrainsurgentes de parte de un gobierno que en apariencia tendría mayores problemas de seguridad nacional en el crimen organizado que en los movimientos políticos?
En el mapa de la seguridad nacional no aparecen ya los grupos guerrilleros como foco de preocupación prioritaria. ¿Aun así hay trabajos de inteligencia para detectar grupos subversivos?, ¿las detenciones, si las hubo, fueron acciones rutinarias o responden a alguna amenaza concreta? ¿Los detenidos pertenecen a alguna otra sigla subversiva diferente al EPR? ¿Es cierto que el gobierno de la 4T se comporta igual que los priístas y panistas en materia de contrainsurgencia?
El comunicado del lunes deja más preguntas que respuestas. Por desgracia la naturaleza clandestina de estos grupos los hace proclives a hablar en clave y simbolismos. De la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, tampoco se puede esperar mucha transparencia. Mucho menos si es una averiguación abierta que requiera secrecía para llegar a buen puerto.
El EPR trae atorada, desde hace 18 años, la desaparición de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y en torno a ella ha girado el eje de su narrativa desde entonces, sin dejar de denunciar al régimen político capitalista, que para ellos da igual si es panista, priísta o morenista, pues son diferentes, asegura, sólo de matiz pero no de fondo.
Algo se movió en el tablero de la contrainsurgencia mexicana y su desenlace estaría por conocerse.
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