Dignidad de la pobreza

(Columna publicada originalmente en El Sol de México)

Durante todo el reciente proceso electoral, las encuestas más o menos rigurosas (de las que no hubo muchas) registraron que las personas se decían insatisfechas con lo logrado en materia de seguridad y salud por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a pesar de esos déficits importantes, la gran mayoría anticipó que votaría (como lo hizo) por Morena.

Esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) divulgó un estudio que arrojó que México es uno de los países que dicen tener una mayor confianza en su gobierno central, junto a Suiza, Luxemburgo y algunos anglosajones o del norte de Europa.

Sólo hay dos países en los que el porcentaje era mayor, Suiza (61.9 por ciento) y Luxemburgo (55.6 por ciento).

Más aún, López Obrador mantuvo altas y estables sus calificaciones de aceptación popular en las encuestas especializadas durante todo el sexenio, aun en los momentos de mayor discusión pública sobre su desempeño.

¿Qué factor explicaría que habiendo el reconocimiento de graves problemas como la inseguridad o la mala calidad de servicios de salud, entre otros, la gente confíe en el gobierno que ha sido incapaz de proveerlos?

Decir que sólo es por el dinero que reciben los pobres, vía las transferencias sociales, parecería insuficiente y simplista.

La narrativa epopéyica y “robinhoodesca” del presidente, fustigando a los ricos y malos todas las mañanas de manera tenaz, podría abonar también, pero sin ser la clave del éxito total. Siempre es redituable para el populismo pintar mundos maniqueos, de buenos y malos, para simplificar el discurso y hacerlo accesible para quienes meditan menos sus motivaciones políticas.

Pero recientemente, en estas mismas páginas editoriales, la politóloga y activista de derechos humanos Flor Yáñez aportó un elemento que me pareció importante y poco abordado por muchos:

“Pienso que esta es una clave que ha hecho que AMLO y Morena sean tan “exitosos” hoy en día. No es tanto porque sean un partido excepcional, tengan ideas brillantes o personas extraordinarias en su bando, simplemente reconocieron la dignidad de las personas en situación de pobreza (por lo menos en la parte de respeto).

“Cuando viví en Oaxaca trabajando en el proyecto Transístmico, visité comunidades indígenas desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz. AMLO visitó las comunidades, mandó funcionarios sin intermediarios para ver sus necesidades, les preguntó qué y cómo lo querían, y aunque muchas veces cayó en la negociación de necesidades básicas a cambio de lo que él quería, el sólo hecho de las personas sentirse escuchadas e importadas en su dignidad, fue suficiente para que se ganara seguidores, incluso admiradores”.

Y remataba Yáñez: “La dignidad humana es más compleja que sólo la escucha activa, pero con tan sólo reconocer a una persona como ser sufriente, humano, lleno de emociones, es un primer paso para construir bases hacia algo mejor”.

Ese reconocimiento de la dignidad dentro de la pobreza puede ser un elemento vital para complementar la lista de razones del éxito electoral del actual gobierno, a pesar incluso de los graves problemas que no pudo resolver.

Claudia Sheinbaum y los medios

Esta semana supimos de la visita de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a las instalaciones del periódico La Jornada. El encuentro, relata el propio diario, fue cálido y estuvo pleno de recuerdos de las luchas de la izquierda de este país.

Es la única visita de la que se tenga conocimiento público de la futura presidenta a medio de comunicación alguno. Suena lógico que sea ahí, por los vasos vinculantes del grupo en el poder con ese medio desde hace años y es un mensaje simbólico de que se mantendrán las preferencias y canonjías al periódico de Carmen Lira, que este sexenio costó 1,300 millones de pesos a los mexicanos.

Sobre el resto de medios hay tolerancia y punto, aun cuando en su “Proyecto de Nación 2024-2030”, que incorpora las propuestas de los “Diálogos por la Transformación”, el doctor Lorenzo Meyer plantea la misma narrativa polarizante que se ha manejado todo el sexenio que termina:

“Desde su inicio, el viejo sistema autoritario fue diseñado para subordinar a los medios de información. En el pasado, cuando la izquierda era la oposición debió operar teniendo a la prensa, la radio y la televisión en contra. Hoy, cuando la izquierda está en el poder, la situación es la misma: los medios convencionales de comunicación están mayoritariamente en contra. En el contexto de la 4T al mando del corazón del aparato de gobierno, los poderes fácticos se han enfrentado abiertamente con el líder del movimiento y con enjundia lo hacen vía los medios de comunicación tradicionales”.

Sin embargo, el documento no va más allá en la recomendación de políticas públicas al respecto.

Durante la campaña electoral la candidata de la 4T dio pocas entrevistas exclusivas a periódicos o a radio y televisión, destacando las concedidas a los enemigos del Presidente: a saber Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva y al programa Tercer Grado, que fueron jugadas audaces de las que salió bien librada. Tampoco ha habido de su parte, hasta ahora, expresiones de rechazo u odio similares a las que cotidianamente usa el presidente López Obrador para referirse a la prensa.

¿Qué sigue en materia de relación con los medios? Primero, esperar a que la nueva presidenta defina su equipo de Comunicación Social, que ha venido siendo compartido entre su asistente en esos temas desde la Jefatura de Gobierno, Paulina Silva, y el asesor externo Alfonso Brito. De eso dependerá en buena parte el tono de la relación: o buena mano izquierda para un trato seco pero profesional, o viejas prácticas de presión y amenaza.

Segundo, no se ha anunciado ni se espera que termine la ominosa discrecionalidad en la asignación del presupuesto oficial, asunto que se retrasó un sexenio, toda vez que la 4T maniobró para mantener la misma política de reparto opaca heredada de Enrique Peña Nieto, aun cuando existe una sentencia de la Suprema Corte para que se transparenten los criterios de asignación presupuestal apegados al principio de máxima difusión de la obra pública, por obra de un amparo ganado por la organización Artículo 19.

Tercero, más allá de lo que el gobierno federal haga, los medios tienen mucho trabajo por hacer internamente. Es inviable, como en los viejos tiempos, apostar a que la Reina magnánimamente abra la llave del dinero y nos salpique con su gracia, para lo cual debo disfrazar mis páginas de cuatroteísmo. Eso no va a pasar. 

El reto de los medios no es quedar bien con el gobierno, sino volverse indispensable para sus audiencias, aumentar la calidad de su periodismo, de lo que se derivarían más lectores fieles, mejores números de circulación y tráfico, aumento de personas dispuestas a pagar por sus contenidos, aumento de la publicidad privada, y quizá, ya al final, al ver que son relevantes para segmentos importantes del público, recibir publicidad oficial.

El foco debe ser el lector, la segmentación de las nuevas audiencias, la adaptación a formatos novedosos, mejoramiento de la oferta editorial, entendiendo que la información general y el breaking news es un commoditie por el que la gente no está dispuesta a pagar, pero que al entender al público podemos ofrecer material que le sea relevante por el que sí esté dispuesto a pagar o suscribirse.

Hoy la batalla está en fortalecer las redacciones y los géneros olvidados que al final son los que serán los diferenciadores entre casa editorial: periodismo de investigación serio, periodismo de soluciones que vaya más allá de la happy note, para ser de veras una guía de que no todas las noticias son negativas; y el periodismo hiperlocal, porque se ha abandonado a los barrios y a los estados de la República.

Sobre todo, es tiempo de mejorar las inversiones internas de los medios para privilegiar los formatos y contenidos que dejen dinero honesto y sirvan para pagar mejor sus redacciones.

Es también tiempo de regular la sobre oferta de opiniones y comentocracia vana, para dar paso a análisis serios y de fondo, que en verdad generen ideas nuevas y no sólo lugares comunes polarizantes, que sólo insultan o alaben. Se requieren espacios plurales donde el debate nacional quede reflejado, anulando todo extremismo, o, en todo caso, si el medio decide tomar partido por una u otra fuerza política, que lo explicite y las audiencias sabrán a qué atenerse de manera transparente.

Lo siguiente es hacer una cobertura honesta del poder. Lo que no quiere decir que se deba hacer con el hígado o el corazón, sino con la cabeza. Decir lo que está pasando, explicar la realidad, y apoyar cuando se esté de acuerdo y criticar cuando no. De esa manera, con periodismo certero y resistente a cualquier prueba, el gobierno no tendrá margen para decir que se le ataca por ardor, y tendrá que responder ante revelaciones sustentadas e investigadas. 

Es inviable, en cualquier contexto ético, la propuesta del Presidente López Obrador de que los medios, para ser válidos, tienen que sumarse a la transformación, como lo hizo en su momento Francisco Zarco, y volverse nada más reproductores acríticos de boletines oficiales. Eso no está en ninguna propuesta deontológica periodística del mundo. 

En suma, parece ser más lo que está en la cancha de los propios medios para ser relevantes para sus audiencias, que lo que pudiera caer en el espectro gubernamental. 

Los medios que decidan mantener una guerra contra el gobierno estarán en su derecho y los que decidan apoyar ciegamente al segundo piso de la 4T, también, siempre y cuando eso les sirva para ser indispensables para sus lectores y audiencias. Mantener sólo medios como brazos políticos de otros negocios ya tampoco parece ser viable ni barato.

En un proceso como el que estamos perfilando puede que muchos medios no tengan ya razón de ser. Unos medios no podrán adaptarse al nuevo ecosistema editorial ni al nuevo régimen. Eso hará que se note más la actual sobreoferta de medios, junto a un pastel publicitario cada vez menor, dispuesto a invertir sólo en medios que sean relevantes para las personas. 

El largo camino a la transparencia / La disputa por el INAI

Hace ya 20 años, un grupo heterogéneo de periodistas y académicos aprovecharon la coyuntura que ofrecía la llegada al poder de un presidente no surgido del PRI, para luchar por dotar a los ciudadanos del acceso a la información 

(Este texto fue originalmente publicado en El Sol de México el 22 de enero de 2021)

 

En junio de 2002, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia Pública Gubernamental, que complementaba, en los hechos, el artículo sexto de la Constitución referente al derecho a la información, que derivó en la posibilidad que tenemos hoy los ciudadanos de solicitar al Gobierno federal y a distintos sujetos obligados (estados de la República, Poder Legislativo, sindicatos, Poder Judicial, entre otros) información, datos y documentos que han sido pagados con dinero público.

El tema adquiere relevancia por la pretensión gubernamental de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales (Inai) --organismo autónomo que opera que este derecho se cumpla— por considerarlo oneroso y poco útil para avanzar en el combate a la corrupción en México.

Quienes hicieron posible el logro original de su creación fue un grupo heterogéneo de periodistas y académicos, que aprovecharon la coyuntura que ofrecía la llegada al poder, en el año 2000, de un presidente no surgido del PRI, el panista Vicente Fox, quien de paso no contaba con mayoría de su partido en las Cámaras legislativas.

Dos de los integrantes de ese núcleo de personajes, el periodista Roberto Rock, y el académico Ernesto Villanueva, reconstruyeron para la Organización Editorial Mexicana los debates iniciales y las negociaciones con el gobierno foxista y los partidos políticos de la época para ir conformando, sobre la marcha, una idea loable pero difusa en su inicio de que el gobierno rindiera cuentas y abriera sus libros a los contribuyentes, de tal manera que no quedara al arbitrio de los gobernantes qué información dar y cuál no.

Roberto Rock cuenta que tan pronto como en febrero de 2001 —hace 20 años—, apenas dos meses después de que Fox tomara posesión, un grupo amplio de medios de comunicación se reunió en la Ciudad de México para hacer un llamado a transformaciones de fondo en materia democrática, partiendo de la idea de tomarle la palabra al nuevo gobierno, que había ofrecido garantizar cambios respecto a los anteriores gobiernos del PRI en materia de rendición de cuentas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a iniciativa del periódico El Universal, comenzó a analizar entre sus integrantes la posible agenda a abordar y salió un pronunciamiento que leyó Enrique Gómez, quien era el director y sigue siendo presidente del diario AM, de Guanajuato, con un listado de grandes cambios, donde se hablaba desde una ley para transparentar la inversión gubernamental en medios de comunicación, hasta una ley de protección de datos personales, pasando por una ley de protección de archivos de nacionales y distintas leyes que favorecieran un mayor equilibrio federal en el país.

Los temas se pusieron en la mesa de distintos expertos, abogados y académicos, quienes además incluyeron articulados en materia de derechos humanos y hasta de juicios orales, todo lo cual generó fuertes debates, los cuales dieron la sensación de nadie se estaba poniendo de acuerdo.

En particular, relata Rock, había una marcada desconfianza entre periodistas y académicos, que venían arrastrando una serie de prejuicios y malentendidos. “Quien se dio a la tarea de tender puentes, recomponer la situación y hacer que todos nos pusiéramos de acuerdo fue don Luis Javier Solana, en ese momento director de El Universal, quien tuvo gran mérito”.

Fue entonces que se abrió la posibilidad de aprovechar un foro que se hacía anualmente en la ciudad de Oaxaca, donde se hablaba del derecho a la información, así de manera muy general, donde ahora la consigna fue reducir la ambiciosa agenda original a un solo tema. Quien llevó la voz cantante de un solo objetivo fue Miguel Treviño, integrante del Grupo Reforma.

Para entonces ya se había hecho contacto con asociaciones de periódicos de todo el país para invitarlas a sumarse al debate, pero el núcleo duro original reunido en Oaxaca (citado en estricto orden alfabético) estuvo integrado por Juan Francisco Escobedo Delgado (Universidad Iberoamericana); Jorge Islas López (UNAM); Issa Luna Pla (del IIJ-UNAM); Salvador O. Nava Gomar (Universidad Anáhuac México Sur); Roberto Rock Lechón (entonces director editorial de El Universal); Luis Ernesto Salomón (El Informador, de Guadalajara), Miguel Treviño de Hoyos (de El Norte, de Monterrey, y el periódico Reforma), Jenaro Villamil (representante de La Jornada) y el investigador Ernesto Villanueva.

De esa reunión surgió un único punto: pugnar por una ley de acceso a la información, para reglamentar el artículo sexto constitucional, y hacer válido el acceso a la información pública, un tema sobre el que no había antecedentes en el país y por lo mismo sobre el que no se tenía una idea clara, refiere Villanueva.

En ese entonces toda la información gubernamental estaba restringida, y las únicas formas en que de manera excepcional se daba a conocer a la opinión pública era vía filtraciones o con acceso a información privilegiada. La idea, entonces, fue provocar un cambio de paradigma en la materia.

Quien le dio el nombre de Grupo Oaxaca a esta reunión de expertos fue la periodista de The New York Times, Ginger Thompson, quien cubrió el coloquio para su medio.

Se publicó un comunicado con gran presencia nacional, con la intención genérica de que se abriera la información gubernamental.

Ernesto Villanueva refiere que después de eso el primer proyecto ya escrito lo elaboraron Salvador Nava Gomar y él, encerrados en el hotel Hacienda Jurica, donde se pusieron a leer sobre otras experiencias internacionales similares y cómo extrapolarlas a México, pues las realidades y desigualdades entre países era evidente. Quien les daba sus vueltas a ver cómo iban, qué avances tenían, era don Luis Javier Solana, pues el patrocinio corría por parte de El Universal.

También se aprovechó algún programa de académicos visitantes ofrecido por el gobierno de Estados Unidos, que permitió a Ernesto Villanueva y a Jorge Islas (cada uno por separado y en distintos momentos) ir a instituciones estadounidenses que ya estaban muy avanzados en los temas de “accountability” (rendición de cuentas) de su gobierno, para abrevar de su experiencia y ver después qué funcionaría aquí.

A lo largo de varios meses se mantuvieron los desplegados, que salían hasta en 120 periódicos del país, reivindicando distintos temas que iban saliendo de las discusiones de grupo.

Fue entonces que se pasó a negociar al Congreso un proyecto de ley.

DE AHÍ AL CONGRESO…

Para el también columnista Roberto Rock la coyuntura ofreció un buen momento de madurez de todos los implicados en las discusiones. El Congreso era muy plural, con legisladores de buen nivel. El PAN, entonces partido en el poder, no tenía mayoría. En ese año de 2001 se llevaron a la Cámara de Diputados varios anteproyectos de ley.

En esas revisiones estaban cuando el gobierno de Fox decidió presentar su propio proyecto, “que no era para crear un organismo regulador que vigilara el cumplimiento del derecho a la información, sino poner en la entonces Secretaría de la Contraloría una oficina que se ocupara de dar información del Gobierno federal a quien lo solicitara. Es decir, dejando todo en el ámbito gubernamental. Exactamente como lo que propone ahora el presidente López Obrador, de llevar el Inai a la Secretaría de la Función Pública”, dice Rock.

Fueron meses de oposición de ciudadanos, académicos y periodistas al proyecto de Fox, para que el gobierno no condujera a su discreción y arbitrio los temas de transparencia y acceso a la información, de tal forma que la propuesta fuera llevar eso al ámbito ciudadano en la figura de un órgano garante.

Es cuando se da una negociación abierta, convocada por varias comisiones de la Cámara de Diputados, donde participaba el gobierno federal representado por el académico del CIDE, Sergio López Ayllón, un personaje que en ese entonces sabía muchísimo del tema de transparencia.

Por el Grupo Oaxaca los negociadores asignados fueron Jorge Islas, Salvador Nava y Juan Francisco Escobedo, con la presencia de varios observadores que podían hacer intervenciones muy puntuales.

A los diputados del PAN, cita Rock, los coordinaba Felipe Calderón, quien solía objetar ciertos apartados de la ley y algunas atribuciones del órgano garante. “Se volteba a ver a López Ayllón y le decía: ‘¿verdad que no estamos de acuerdo?’ y López Ayllón decía: “’perdón, pero yo estoy de acuerdo, yo creo que eso va a ser bueno para el país’. Entonces esa conjunción de personajes y posturas permitió la primera expresión del órgano garante, que si se compara con lo que hay ahora, era mucho más modesta”.

Los partidos políticos opositores, con cálculo político, señala Villanueva, vieron también en este proyecto una oportunidad para fiscalizar a un gobierno que no era suyo. Por eso lo apoyaron, no necesariamente por generosidad o por estar pensando en la patria.

Existía ya en el Congreso, por cierto, un antecedente de iniciativa de ley que mezclaba temas de datos personales con los de acceso a la información, presentado por el entonces diputado Luis Miguel Barbosa, de la bancada del PRD. Se tuvo que negociar con él para que se sumara a la propuesta más integral del Grupo Oaxaca, labor de diplomacia política que ejerció de nuevo don Luis Javier Solana.

El Grupo Oaxaca tuvo la oportunidad extraordinaria, entonces, de redactar un anteproyecto fuerte de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y negociarlo en San Lázaro; y luego en Xicoténcatl, con los senadores, para que finalmente fuera una ley aprobada en 2002, que entró en vigor en 2003.

La ley ya definía qué información debía ser pública, cuál podía ser reservada o confidencial. Quedaba claro desde entonces que el órgano creado no “abría la información pública”, sino que supervisaba que el gobierno federal la abriera en tiempo y forma.

De paso, el Grupo Oaxaca tomó la decisión de que sus integrantes no participaran en la conformación del nuevo órgano garante, ni ser comisionados ante él, para evitar toda suspicacia de que se habían creado un traje a la medida, que fuera operado por ellos.

Con el tiempo, el alcance de los sujetos obligados trascendió al Gobierno federal para incorporar a otros órganos del Estado, al Congreso, la Suprema Corte, los sindicatos, los partidos políticos, los fideicomisos. Cambios que se fueron incorporando a la ley en los años 2013 y 2014. La custodia de los datos personales de la ciudadanía se le incorporó en 2015, lo que provocó que aumentara significativamente de dimensiones y presupuesto.

ÉXITOS DE LA TRANSPARENCIA

Por todos esos antecedentes, es que al periodista Roberto Rock no le parece pertinente la propuesta del presidente López Obrador de que el Inai desaparezca como está y se convierta en una oficina de la SFP.

“El Presidente no está bien informado. Para empezar, si se deja todo esto en el ámbito federal, el gobierno no tendría cómo obligar a otras entidades de la República, a partidos políticos, sindicatos, universidades, por ejemplo, a que abran su información. Sería tanto como si desde el gobierno se le dijera al INE cómo organizar las elecciones. Significaría que el país diera un salto atrás 20 años”.

Esta polémica, afirma, está basada “en una enorme falta de información, que se apoya en el olfato político del Presidente y que no pasa de ser una ocurrencia que sabe vender muy bien al público, quien se queda con mensajes muy básicos como que se va a ahorrar mucho dinero”.

Afirma el periodista que eso es quedarse con la mitad de la película. “El gobierno no dice, por ejemplo, que en esta administración se gastarán cada año 900 millones de pesos en estímulos al béisbol, cuando el presupuesto del Inai, al que considera oneroso, es de 904 millones de pesos al año”.

Y continúa Rock: “El Presidente también ha afirmado que a lo largo de su historia el Inai ‘ha ocultado información’, cuando son las entidades o los sujetos obligados los que reservan la información. En todo caso el Instituto puede o no validar esa reserva.

Gracias a este órgano de transparencia es que fue posible que se conociera de asuntos históricos: Acteal, Ayotzinapa, la guerra sucia, la matanza de San Bernardo, Tanguato, el tema de Tlatelolco, Tlatlaya el caso Odebrecht, el caso Duarte, el Paso Express de Cuernavaca, grupo Higa, el tren México-Querétaro, la Casa Blanca, la Estafa Maestra, documentos de Gobernación en relación con el EZLN, la violencia en general, los índices de violencia, las fosas en el país, entre muchos otros.

“Yo diría también que hay una generación de periodistas que se ha formado bajo el amparo del tema del acceso a la información, lo que ahora se llama periodismo de investigación o periodismo de datos, inimaginable antes de la existencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales”, concluye Rock

NO HAY CAMINO DE REGRESO

Para el académico Ernesto Villanueva la transparencia no tiene punto de retorno, es un derecho conquistado.

El órgano garante surgido de dicha reforma es también único en el mundo, pues antes de él no había ninguno que permitiera la consulta remota y electrónica de información pública. Idea, por cierto, de José Octavio López Presa, uno de sus primeros integrantes.

Lamenta, en cambio, que la transparencia no se haya hecho una cultura. No se ha puesto en libros de texto, no se ha generalizado. Quien hace solicitudes de información es apenas una élite, una minoría, de la minoría del círculo rojo: periodistas, abogados, académicos, organizaciones de la sociedad civil, no más. Por lo que la mayoría de la gente de a pie no lo ve como un tema relevante.

“Si el Presidente propone revertir algunas de las funciones del Inai, es porque sabe que no tiene un alto costo político entre su base electoral. No va a haber una marcha de un millón de personas en el Zócalo pidiendo transparencia”, dice el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

No obstante, coincide en que no es viable devolver al IInai a la SFP, porque el vigilado no puede ser al mismo tiempo vigilante.

“Sí creo que pueda darse un cambio del organismo garante. Con menos burocracia, pues actualmente tiene un aparato superior al de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quitándole la responsabilidad de cuidar los datos personales. Es decir, estaría por un redimensionamiento, no por su desaparición. Tal vez la Auditoría Superior de la Federación, que vigila recursos y combate a la corrupción, podría absorber las labores que actualmente hace el Inai, desde un punto de vista muy autónomo, muy técnico, con muy bajo perfil político y mucho más austero que el de la actual estructura”.

Reconoce que hay quien equipara la desaparición del actual Instituto con el fin de la transparencia en el país, pero que esto no necesariamente es así.

Desaparecer el Inai o pasarlo al poder Ejecutivo requeriría una reforma constitucional de gran calado “a la que no creo que el presidente López Obrador esté dispuesto a entrar”, concluye Villanueva.

Y tres años después, cuando el Presidente de la República ya mandó sus iniciativas de Plan C para desaparecer el INAI y todos los órganos autónomos, escribí esto:

Disco Duro / La disputa por el INAI 

(29 junio 2024)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no nació por un capricho de los gobiernos neoliberales para debilitar al Estado. Fue una iniciativa de periodistas, académicos, intelectuales y políticos independientes para tener en México un organismo que, a semejanza de otros similares en el mundo, sirviera para transparentar el uso de recursos públicos.

Vicente Fox, el presidente al que le tocó promulgar la ley —como con muchas otras cosas de su gobierno--- ni sabía del tema ni le interesaba. Algunos de sus asesores le recomendaron firmarlo para sacarle raja política después, pero la redacción original del texto fue producto de intensos trabajos del entonces llamado Grupo Oaxaca, conformado por un plural y heterogéneo grupo de ciudadanos.

Hace tres años, cuando el actual gobierno comenzó a mandar el mensaje de que el INAI era “muy caro”, “no sirve para nada”, “no ha detenido a un solo corrupto”, entrevisté a dos participantes del Grupo Oaxaca, Roberto Rock y Ernesto Villanueva, quienes, con matices, explicaron las razones de su origen, y el riesgo de que sus facultades pasaran a formar parte del mismo gobierno que es fiscalizado.

En junio de 2002, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia Pública Gubernamental, que complementaba, en los hechos, el artículo sexto de la Constitución referente al derecho a la información, que derivó en la posibilidad que tenemos hoy los ciudadanos de solicitar al Gobierno federal y a distintos sujetos obligados (estados de la República, Poder Legislativo, sindicatos, Poder Judicial, entre otros) información, datos y documentos que han sido pagados con dinero público.

Desde entonces solicitar información a esos sujetos obligados es labor indispensable de la academia, los empresarios, los periodistas, abogados, estudiantes, que nutren sus trabajos con esa información, todos los días. Que se surten de información estratégica para armar licitaciones, para decidir inversiones en tal o cual lugar, para saber cuánto costaron las cosas que el gobierno y, por supuesto, para hacer periodismo de investigación.

Los números son impresionantes: de 2003 a lo que va de 2024, se han hecho 4 millones, 015 mil solicitudes de información. El porcentaje de respuestas atendidas correctamente es de 96.8%.

Los sujetos obligados ordenados por cantidad de solicitudes de información son la administración pública centralizada, empresas paraestatales, empresas productivas del Estado, subsidiarias de Pemex, fideicomisos y fondos públicos, instituciones de educación superior autónomas, organismos laborales tripartitas, organismos autónomos, partidos políticos, personas morales, Poder Judicial de la Federación, Poder Legislativo Federal, sindicatos y Tribunales Administrativos.

Y de ahí, el top 10 de sujetos obligados que históricamente tienen más solicitudes de información son el IMSS, la Suprema Corte, Cofepris, ISSSTE, SEP, Secretaría de Salud, Semarnat, Hacienda, Fiscalía general de la República y el Consejo de la Judicatura Federal.

No nació como fiscalía policial para detener corruptos, como dolosamente se pretende simplificar, sino como un instrumento autónomo que facilitara el tránsito de la información de todo aquello que se ha pagado con recursos públicos. Es un árbitro que vigila si alguno de los sujetos obligados, muchos de los cuales ni siquiera son gubernamentales, se resiste o niegue a dar información.

Hoy se nos dice desde el poder que el INAI debe desaparecer; que sus funciones las puede asumir, a menor costo, la Secretaría de la Función Pública. Que el gobierno es honesto y entregará toda la información que se le solicite.

Sin embargo, la actual administración no es un modelo de transparencia, es uno de los que más se ha negado a dar información. Los números de recurrencia subieron 6% este sexenio, comparado con los que hubo con Enrique Peña Nieto.

Además, es el que más ha utilizado el pretexto de “asunto de seguridad nacional” para reservar y negar información de obras como el AIFA o el Tren Maya, donde está metido el Ejército, y que a todas luces no tendrían por qué ser así clasificados. Para darnos una idea, con Peña Nieto hubo cuatro reservas por “seguridad nacional”, con López Obrador van 48.

Tampoco ha explicado qué pasará con la parte de protección de datos personales, que regula sobre todo a empresas privadas

Hay una versión de pasillo de que todo está planchado con Claudia Sheinbaum para que el INAI sobreviva al Plan C de septiembre, pero por las expresiones públicas de preocupación de su más reciente presidenta, Blanca Lilia Ibarra, y del actual, Adrián Alcalá, no pareciera que eso estuviera sucediendo.

Es tiempo de defender al INAI y entender que, de extinguirse, se estaría tirando al caño una herramienta que es útil para garantizar la rendición de cuentas gubernamental. Un contrapeso más, que disgusta a los autoritarios.

“Comicios fortalecieron un régimen opresor”: EPR

 

Para la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario, los resultados de la elección del pasado 2 de junio “no benefician al pueblo, fortalecen al régimen opresor que apuntala sus lanzas en defensa de la dictadura capitalista” y prevé que se abra un escenario más adverso para las fuerzas populares con el ensanchamiento de la hegemonía del grupo “burgués” en el gobierno.

“El resultado no es novedoso, ni contundente, ni histórico, simplemente es la consecuencia del poder del presidencialismo y la decisión de los grupos oligarcas que encarnan el poder burgués representado por la actual junta administrativa”, asegura desde algún lugar de la República mexicana el añejo grupo armado, en su órgano de difusión El Insurgente, correspondiente al mes de junio, difundido hace unas horas.

En su editorial rechaza la posición del nuevo gobierno ante Estados Unidos: “En la reunión con representantes del imperialismo norteamericano, la presidenta electa fijó una postura entreguista y como muestra de defender con la violencia institucional los intereses imperialistas, llevó con ella al represor y criminal de Estado, Omar Hamid García Harfuch, de formación e ideologí­a sionista”.

Para el brazo armado del Partido Democrático Popular Revolucionario, la mayoría alcanzada por Morena en el Congreso de la Unión no favorecerá a las clases obreras y oprimidas.

“La nueva composición de las dos cámaras legislativas beneficia al grupo de poder burgués en el gobierno y en general a la burguesía en su conjunto, en contraste, perjudica a las masas populares. Morena en su aspiración absolutista del poder se vanagloria de los resultados, tiene el hacha en la mano para imponer su arquetipo institucional burgués.”

Señala a la violencia generalizada en el país como parte de esa imposición del régimen político, a la fuerza y con sangre.

“Otra variable de la ecuación burguesa para obtener los resultados favorables a la dictadura capitalista es la violencia del régimen. El componente mafioso criminal inherente a la democracia burguesa fue signo distintivo en todo el proceso electoral, la coerción, el asesinato político, el chantaje y componendas corruptas constituyeron prácticas de la política burguesa con las que se allanó el camino para imponer la voluntad del grupo burgués en el poder”, asegura.

Tampoco le parece algo extraordinario que sea una mujer quien encabece el próximo gobierno federal.

“Nada de histórico tiene el hecho de que el opresor vista pantalón o falda, la relación de opresión que existe entre Estado burgués mexicano y masas populares en nada se modifica si el cancerbero de los intereses capitalistas es una mujer; sea hombre o mujer la condición socioeconómica de esclavitud moderna que sostiene con la fuerza el Estado mexicano continúa con su lógica de dominación”, concluye

 

Un INE dividido

 

(Texto publicado originalmente en El Sol de México)

Por desgracia llegaremos a la cita electoral del 2 de junio con un Instituto Nacional Electoral dividido, que cumplirá su labor por la inercia de un organismo bien aceitado con los años, pero que se encuentra atravesado por pasiones políticas insalvables, que obstaculizan su labor y ponen riesgo el andamiaje democrático del país en los años por venir.

La polarización inicial fue provocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sembró la narrativa de que el INE presidido por Lorenzo Córdova estaba al servicio de los “conservadores y la oligarquía”, y que su trayectoria estuvo colmada de fraudes electorales, lo que queda desmentido por el avance electoral sin igual que tuvo Morena durante los últimos 12 años, incluyendo su triunfo presidencial en 2018.

En un ejercicio de medición de fuerza, los consejeros electorales de entonces se ampararon contra la orden de bajarse el sueldo para ganar menos que el Presidente de la República, lo que le dio armas al mandatario para reforzar su discurso anti-INE, llevándolo a sugerir que era tiempo de que el gobierno federal volviera a organizar las elecciones, como en el época del mejor PRI autoritario.

Esta mentira, repetida mil veces desde el púlpito de la mañanera, quebró al Instituto cuando tuvo que relevar a los consejeros Córdova y Ciro Murayama. Al ser electa Guadalupe Taddei, quien venía de presidir el OPLE de Sonora, se dijo que llegaba con la bendición de Alfonso Durazo, gobernador y dirigente morenista, para hacer el trabajo de que Morena ganara todo y como fuera. 

No ayudó que en alguna mañanera AMLO se dijera complacido por la designación de la sonorense, dando a entender que él la había puesto y que desde ese momento ya habría un “INE honesto”.

Taddei llego con ese “beso del diablo” a cuestas y a enfrentar a los consejeros del viejo INE, puestos a la defensiva, cuyas primeras acciones fueron bloquear cualquier nombramiento o acción que requiriera el consenso o mayoría de los consejeros. Principalmente duro para ella fue que no pudiera nombrar como secretario general a Flavio Cienfuegos Valencia, quien era su propuesta más fuerte de brazo derecho.

Ya sobre la marcha del proceso electoral de este año, el bloque representado por las consejeras Carla Humphrey, Dania Ravel y Claudia Zavala, ha bloqueado todo lo propuesto por Taddei, quien a su vez tiene su grupo, quedando fuera de ambos el consejero Uuc-kib Espadas, quien ha denunciado este bloqueo mutuo que impide al INE avanzar de manera tersa hacia la jornada del 2 de junio.

Hoy el INE trabaja con puros encargados de despacho, algunos expertos en su materia, otros francamente improvisados, lo que ha puesto en riesgo algunas operaciones electorales.

Las acusaciones mutuas de protagonismo exacerbado y de servir a intereses inconfesables son cosa de todos los días en el INE. La organización de los debates electorales mostró esas fracturas y protagonismos, pues al no salir tan bien, sirvió de plataforma para otro cruce de acusaciones, al ser Humphrey la que presidía la comisión respectiva. 

En respuesta, hubo una andanada mediática contra Taddei acusándola de inexperta. En estricto sentido, tampoco ha habido señales de que el la consejera presidenta esté trabajando para pavimentar el triunfo de Morena.

Y ese el INE que dentro de una semana tendrá que guiar nuestro importante proceso electoral, envenenado desde la Presidencia, pero con la encomienda de salir adelante pese a todo.

La meta es que haya 70% de participación, dice Taddei a 7 días de la elección

 

(Texto publicado originalmente en El Sol de México)

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, está segura que la jornada electoral del próximo domingo será pacífica en su desarrollo y copiosa en votos, pues están dadas las condiciones de operatividad y respaldo en materia de seguridad para que así suceda. Ni siquiera tiene en mente un escenario catastrófico.

Reconoce que hay focos rojos para instalación de casillas y desarrollo de la jornada en Chiapas, Michoacán, la sierra de Chihuahua y zonas aisladas de Sinaloa, pero confía en que el despliegue de 260 mil efectivos de la Guardia Nacional, Marina y Sedena coadyuven a que todo se desenvuelva en calma. 

“Nos hemos puesto como meta que haya un 70 por ciento de participación, de un padrón total de 99.5 millones de mexicanos”. Recuerda que en elecciones presidenciales suele haber una participación entre el 60 y el 65 por ciento del padrón electoral –salvo en la elección de Zedillo que por razones de excepción llegó al 74.2 por ciento. 

Aspira a que se pueda instalar el 100 por ciento de casillas del país, aunque sabe que en ninguna elección eso ha sido posible. Lo que sí garantiza es que habrá funcionarios de casilla suficientes en cada una de las que se instalen.

“Necesitamos nueve funcionarios por cada una de ellas, y aun cuando durante el proceso muchos se inscriben y luego se van dado de baja o no llegan, al final se completan, inclusive pidiendo a la  ciudadanía que se incorpore a los trabajos electorales el mismo día de la jornada electoral”, explica

Del voto en el extranjero asegura que se pudo reencauzar a tiempo, toda vez que en su momento se detectaron posibles irregularidades. Y que una vez revisados pudieron ser habilitados más de 230 mil mexicanos para ejercer su derecho al voto y sólo quedaron 3,300 sin posibilidad de ello al no tener forma de comprobar su origen. Reconoce el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que eso haya salido adelante.

A esos connacionales en el extranjero hay que sumar, señala, a los presos no sentenciados que votan por primera vez, y a ciudadanos en condición de postración, que fueron asistidos para ejercer su derecho cívico.

Democracia vigente y actualizable

Ve con optimismo que durante las campañas hubo una gran intensidad de mensajes políticos, de campañas en medios y redes pero, sobre todo, y es lo que le parece más destacable, en las comunidades, en los barrios, en los distritos, en las poblaciones de todo el país, con mucha participación de la gente, lo cual es alentador.

“Vimos mucho trabajo de partidos políticos en colonias, en calles, en parques, en mercados,  en universidades, que estaban un poco olvidados por el efecto de los medios y de las propias redes que son muy fuertes. Pero regresó el uso de espacios públicos, de estadios, de espacios culturales. Eso es bueno, los acerca a la gente”, destaca.

Le parece que los medios de comunicación han jugado en papel muy importante en este proceso porque se han sumado a las campañas de promoción del voto, de responsabilidad ciudadana. Han hecho llamados a ejercer el voto, respetando la decisión individual de las personas. 

Reconoce que durante el actual proceso electoral el INE tuvo que sacar varias “tarjetas amarillas” a los actores políticos porque la vehemencia de su narrativa a veces los puso en situaciones en las que el árbitro electoral debió intervenir, pero tampoco considera que haya sido un proceso particularmente sucio, sino que fluyó dentro de los párametros normales.

“Los contendientes conocen bien las reglas y aun cuando en el INE sacamos varias tarjetas amarillas, el Tribunal Electoral, que es el sancionador, no sacó ninguna roja. Eso es alentador”, menciona.

De ahí concluye que la democracia mexicana no corre ningún riesgo y, por el contrario, todo prueba que es el sistema de vida política en el que los mexicanos queremos seguir viviendo. 

Admite que es necesario actualizar la Ley Electoral a lo que pasa en 2024, porque se dan situaciones inéditas como esas precampañas que no sabemos si son campañas, y luego viene la campaña oficial. 

“Ajustes de ese tipo son los que necesitamos. Pero tampoco veo que haya que dar marcha atrás a temas como que un organo autónomo deje de organizar los comicios para que el gobierno vuelva a controlar las elecciones. Eso no. No hay forma de dar marcha atrás”, asegura Taddei.

Le parece que los mexicanos ya adoptamos el camino a la democracia hace años. “Adoptamos el camino de la transición pacífica; adoptamos la tutela del Instituto Nacional Electoral como garante del desarrollo de los procesos electorales y eso hace que nuestra democracia esté encaminada a ser cada vez más firme.”

Dice que, si acaso, nos falta un poco la cultura de la aceptación de los resultados, pero que cada vez que éstos son contundentes y se pueden defender, existe certeza jurídica de que se respeterán. Y considera que eso abona para que en los sucesivos procesos electorales podamos tener tranquilidad al escuchar un resultado y aceptarlo con la naturalidad democrática que se requiere.

Seguridad garantizada

Taddei pone énfasis en el tema de que habrá mucha seguridad en el país. Que el NE ha trabajado de la mano con todas las instancias civiles y militares, y de los tres órdenes de gobierno para que con tranquilidad las personas salgan a votar

“Se ha otorgado seguridad a los candidatos que lo solicitaron. Se ha cuidado cada parte del proceso, desde la entrega del material y boletas electorales a cada rincón del país, con vigilancia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Más la custodia de los centros de votación con m ás de 260 mil elementos desplegados de manera excepcional por todo el país el domingo próximo”.

El día de la elección

Sobre el día de los comicios, la consejera presidenta adelanta que habrá tres momentos importantes: la instalación matutina del Consejo General del INE, para mandar a un receso por ahí de las 11 de la mañana. 

Más tarde el cierre de casillas, que se dará formalmente a las 6 de la tarde, salvo que haya gente formada todavía, esperado con una hora de diferencia que cierren las casillas del Pacífico; también es el momento en que medios de comunicación podrán dar a conocer los resultados de sus encuestas de salida. 

Y hay un tercer momento en el que la consejera presidenta tendrá que salir en cadena nacional a anunciar la tendencia que se haya perfilado de ganador en el conteo rápido presidencial, tomado de una muestra representativa de casillas, analizada por un Comité Técnico, integrado por 11 expertos. No hay una hora establecida para este anuncio, pues depende de la rapidez con que lleguen los resultados de las casillas-muestra elegidas.

Aun cuando es uno de los momentos más delicados de la jornada el Comité Técnico está preparado. Sus integrantes, asegura, cuentan con muchísimo respeto y prestigio a nivel nacional e internacional. 

“Yo creo que vamos a tener un escenario en donde sí podamos salir a dar a conocer esa misma noche los resultados, sean los que fueren. El INE está listo y todo fluirá en paz”, concluye.

Debemos replantear la relación México-EU con visión joven: Roberta Jacobson

 

(Texto publicado originalmente en El Sol de México)

Los problemas de la relación México-Estados Unidos son básicamente los mismos desde hace 30 años, sin embargo, es posible analizarlos desde una perspectiva jóven y nueva, para empezar a proponer las soluciones que destraben los nudos que nos obstaculizan, dice Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México.

Y es lo que ella trata de hacer desde su podcast The Mexican Dream, que ya va en su tercera temporada, y que reúne a una serie de jóvenes diplomáticos, estudiantes, y profesionales de ambos lados de la frontera, con los que conversa sobre los temas que más inciden en la agenda binacional: migración, comercio, crimen organizado, movilidad laboral, etcétera.

“Yo ya tengo 62 años de edad, y siendo realistas las personas de mi generación no vamos a implementar las soluciones a los problemas del día a día entre los dos países. Es por eso que son los jóvenes son los que tendrán que pensar en todos los líos que les estamos dejando y las soluciones posibles en materia diplomática o mediante nuevas tecnologías”, asegura.

Dice que su generación se la ha pasado tratando de solucionar los problemas con las mismas recetas de siempre, con alguno u otro matiz según los presidentes que estén en cada momento, sin embargo destaca que la riqueza de estos conversatorios radica en el optimismo con el que las nuevas generaciones los abordan, lo que garantiza que cuando menos, a problemas comunes, pueda haber soluciones diferentes e innovadoras.

También asegura que, desde hace cuando menos 30 años, cada administración en México o en Washington considera que “el actual es el peor momento de la relación bilateral” y que al analizarlo en perspectiva resulta que no lo era tanto. Eso es lo que deja conversar con jóvenes inteligentes.

Cita por ejemplo lo que estamos viviendo, que ahí viene Donald Trump de vuelta, amenzanado la relación con México, manejando un discurso hostil y grosero. “Y uno piensa, ahí viene lo peor para la migración, para el comercio mutuo, y sin embargo la vision juvenil suele ser más optimista que la de nuestra generación”.

He encontrado en estas charlas, por ejemplo, asegura Jacobson, que el concepto de historia que tienen ambos países es diferente. En México es mucho más acendrado que en Estados Unidos, donde el pasado no pesa tanto como acá y por lo mismo no los ata y detiene, mientras que los mexicanos piensan y deciden mucho en función del pasado, lo que tiene sus pros y contras.

“No se han dejado de lado asuntos como el soft power de Estados Unidos, su influencia en la música, la cultura, el cine, que a mi me gusta más llamarlo el smart power, porque apela a la inteligencia de los ciudadanos de cada sociedad.

En la actual temporada de The Mexican Dream se aborda, por supuesto, que hay elecciones en los dos países, como sucede cada 12 años, y su influencia en la democracia de cada nación, en un contexto de campañas muy polarizadas.

Y terminan con una reflexión de cómo ven a ambos países para el año 2050, donde los adultos ya no estaremos, pero los actuales jovenes ya tendrán las riendas de la política y se verá si su actual optimismo se tradujo en resultados benéficos para todos.

Cada temporada consta de ocho episodios, cada uno con temática individual por lo que se pueren escuchar en orden o de manera salteada. Se puede encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast más comunes.

Resalta que aun cuando en cada programa llega a haber desacuerdos, estos no llegan a ser tan disruptivos como para romper el diálogo, lo que viene a ser una forma muy inteligente y civilizada de abordar las diferencias, lo que a veces no pasa a nivel de gobiernos. 

Jacobson es una diplomática estadounidense que ha desempeñado varios roles importantes en el gobierno de los Estados Unidos. Fue embajadora de Estados Unidos en México desde 2016 hasta 2018, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Anteriormente, se desempeñó como secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Jacobson ha tenido una larga carrera en asuntos diplomáticos y de política exterior, particularmente centrada en América Latina.