¿AMLO acabó con la corrupción? En la UdG consideran que no…

Ya pasan de las 10, o sea que ya son horas para hablar del Informe País sobre el Combate a la Corrupción 2020 que acaba de publicar el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara que honrosamente preside el académico Mauricio Merino.

Este reporte considera que el actual gobierno ha dejado intactos los mecanismo de los que se sirven los corruptos. Que la idea de un informe contra la corrupción consiste no sólo en castigar y sancionar a los “peces gordos” (individuos con amplios márgenes de discrecionalidad que violan la ley y cometen actos escandalosos de corrupción), sino en modificar las condiciones del agua turbia donde crecieron (para rescatar la naturaleza original de la función pública).

Presenta información de fuentes oficiales para mostrar, con datos fidedignos —puesto a disposición para quien quiera revisarlos o utilizarlos libremente en el sitio web combatealacorrupcion.mx —, que las causas principales de la corrupción siguen vigentes. 

Revela que el sistema creado por el Estado mexicano para combatir ese fenómeno no se ha empleado con eficacia por los poderes públicos y, como secuela, no ha logrado mitigar las muy diversas manifestaciones de la captura de los puestos y los presupuestos públicos. 

Tampoco ha garantizado la máxima publicidad de las decisiones tomadas por los sujetos obligados, no ha logrado sancionar con eficacia a quienes han cometido faltas o delitos de corrupción y no ha cumplido a cabalidad con sus cometidos. 

Pese a que México cuenta, desde hace un lustro, con uno de los diseños institucionales más completos y reconocidos por el resto del mundo para enfrentar la opacidad y la corrupción, su implementación ha fracasado, concluye.

Este documento está redactado con los datos que Merino y su amplio equipo de investigadores  consideraron más relevantes para mostrar que la captura del Estado sigue atravesando por:

i. la designación discrecional de los cargos públicos, pese a la legislación vigente en materia de profesionalización del servicio público;

ii. la distribución y la transferencia discrecional del gasto público, pese a la legislación vigente en materia de control presupuestario y rendición de cuentas;

iii. el uso discrecional y opaco de ahorros presupuestarios y gastos indirectos de la Administración Pública Federal, pese a las prohibiciones explícitas establecidas en las normas de hacienda, contabilidad y gasto público;

iv. la adjudicación directa de contratos para la adquisición de bienes y servicios públicos, así como para la construcción de obras, pese a la legislación que ordena privilegiar las licitaciones públicas;

v. la opacidad de una parte sustantiva de la información pública, pese a la legislación vigente en materia de transparencia;

vi. la burocratización, la oscuridad y la demora en los procesos de sanción a las conductas tipificadas como faltas y delitos de corrupción, pese a las reformas administrativas y penales promulgadas para combatir la impunidad; y

vii. la ausencia de cumplimiento en las tareas asignadas al Sistema Nacional Anticorrupción, pese a la vigencia de la ley que regula la coordinación entre las dependencias que lo conforman.

Este reporte entiende la corrupción como la vulneración deliberada de lo pactado en el marco constitucional y normativo para obtener beneficios políticos o económicos a favor de uno o de unos cuantos, en detrimento de los demás.

Las grandes conclusiones 

i. Que los procesos de designación de cargos en la administración pública federal siguieron respondiendo al sistema de botín.

ii. Que los cargos del Servicio Profesional de Carrera fueron marginales y, aun siéndolo, tampoco garantizaron el cumplimiento cabal de cada uno de los procesos establecidos en la legislación aplicable.

iii. Que el presupuesto de egresos de la federación se manejó con amplios márgenes de discrecionalidad, desde su asignación hasta su presentación final, incluyendo zonas de franca opacidad en las transferencias presupuestarias, los gastos indirectos y la adjudicación de contratos. 

iv. Que las recomendaciones formuladas por la ASF no modificaron las prácticas detectadas como discrecionales ni se utilizó el criterio de inteligencia institucional para corregirlas, por lo que se repitieron las mismas áreas de riesgo reconocidas en ejercicios fiscales previos.

v. Que el Sistema Nacional de Transparencia, a pesar de su evolución indiscutible, no logró conjurar la cultura de la opacidad en la producción de información ni consiguió la máxima publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados. También continuó -muy a pesar del mandato existente- la desvinculación entre archivos y acceso a la información. Además, la protección de datos siguió siendo insuficiente.

vi. Que la gran mayoría de los procedimientos de sanción no correspondieron con hechos de corrupción sino con asuntos administrativos poco relevantes.

vii. Que hay una evidente fragmentación de criterios, instituciones, razones y consecuencias de esos procedimientos sancionatorios, sin clara conexión de sentido con el combate a la corrupción.

viii. Que las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no cumplieron con sus mandatos constitucionales y legales a cabalidad.

ix. Que la Política Nacional Anticorrupción promulgada por el SNA fue un documento de referencia que no sólo tardó un tiempo excesivo en aprobarse, sino que no tuvo aplicación práctica.

x. Que dado el conjunto de desviaciones observadas, la implementación del SNA no correspondió con los fines que se plasmaron en su diseño original, reproduciendo la fragmentación de esfuerzos entre las instituciones que lo conforman.

¿De qué tamaño ha sido el esfuerzo del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción? Ellos mismos lo mencionan: “… hicimos 1,007 solicitudes de información y utilizamos 47 bases de datos y tablas con información estadística de 10 instituciones públicas federales (todas consultables en el anexo estadístico y desglosadas en la plataforma electrónica combatealacorrupcion.mx, con más de 970 mil datos abiertos consultables).”

Pese a lo negro del panorama, el informe cierra con una nota de optimismo, pues estima que México ya cuenta con un entramado jurídico más que suficiente para impedir la captura de los asuntos públicos —por razones de poder y/o de dinero—, en cualquiera de sus modalidades.

Y avisan que este reporte será anual, para dar cuenta de la evolución y de los resultados entregados por esas instituciones, afirmando siempre que su propósito fundamental no es castigar personas que hayan cometido faltas o delitos de corrupción sino lograr que los asuntos públicos no sean presa de las ambiciones políticas o económicas de quienes se las apropian abusivamente para incrementar su poder y/o su dinero.

Es decir, concluyo yo, más allá de la narrativa de que la corrupción ya se acabó, que no está pasando lo que en sexenios anteriores, este instituto nos alerta de que se mantienen intactas las prácticas y entornos que facilitan que los funcionarios le metan mano al presupuesto en su beneficio personal, lo que no augura nada bueno en el futuro en materia de escándalos y desviaciones.

Esto me lleva a recomendar la lectura de esta columna:

¿Rodeado de ángeles?

5 / marzo / 2022

El miércoles pasado Luis Carriles publicó en estas páginas la columna “Andy y los sin calcetines”, un grupo de mirreyes de camisa abierta y zapatos sin calcetines, bebedores de champaña, que se dedican a arreglar broncas de proveedores en Pemex y dicen ser amigos de Andrés, el hijo del presidente López Obrador.

En juzgados está rebotando el nombre del ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, como parte de un entramado de extorsión de empresarios y personajes públicos, idéntico al que tuvo a su vez Enrique Peña Nieto en su sexenio, en esa misma posición.

El otro hijo del presidente, José Ramón, también ha estado, desde el 11 de febrero pasado, en el ojo del huracán público por su suntuoso estilo de vida, ligado de manera muy sospechosa al proveedor de Pemex, Baker Hughes.

La paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, la pretendida nueva Conasupo, dirigida por el mentor del presidente, Ignacio Ovalle, no tiene cómo comprobar qué pasó con 5 mil millones de pesos mal ejercidos o desviados, de lo que ha dado cuenta la Auditoria Superior de la Federación. Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval no pudieron explicar convincentemente sus abultadas propiedades inmobiliarias.

El Presidente de la República, fiel a su costumbre, se bloquea, entra en negación y ataca a sus críticos, se asume rodeado de ángeles impolutos, incapaces de traicionar su confianza o de incurrir en debilidades o excesos. Voltea la narrativa y se dice igual de agredido que Francisco I. Madero previo a su martirologio.

Alguna vez dijo que en materia de corrupción sólo metía las manos al fuego por su esposa y su hijo más pequeño. En los hechos defiende a todo su entorno cercano, familiar y de gobierno. Supone que como él es austero y honesto, en automático todos los demás cercanos lo son sin mancha de duda.

Esta debilidad de carácter se entiende y es muy humana, pero tiende a sesgar su actuación. La lucha contra la corrupción es para él el eje de todo su trabajo, y hace bien, ningún presidente moderno le había entrado en serio a ese tema, pero cree que una vez que tomó posesión, aquella desapareció por arte de magia.

Creer que el pueblo es bueno, los ricos malos, los españoles tramposos, los medios completamente corruptos, su gobierno 100% honesto, su familia incapaz de un error de juicio, entre otras fijaciones suyas, son prejuicios que nublan su entendimiento y afectan su tarea de gobierno.

Entre esas creencia mágicas está la más peligrosa: la de que el Ejército es incorruptible, no tiene apetito de poder y es incapaz de violar derechos humanos. Que si lo hizo en el pasado fue por obedecer órdenes de los civiles que estaban al mando, es decir los ex presidentes neoliberales. Que la milicia son pueblo uniformado y por lo mismo incapaces de corromperse, o de vincularse con delincuentes, o de violar las garantías individuales de la ciudadanía.

Por esa garantía de honestidad es que les ha entregado todo: la seguridad pública, la administración de puertos, de carreteras, la construcción de sus obras más preciadas, su tren, su aeropuerto, reparten vacunas, gas, porque ellos son incapaces de fallarle. Nadie jamás haría negocios turbios ni se ensuciará las manos. No podrían, es impensable, son pueblo.

Y decimos nosotros que también son humanos, y capaces de tener manzanas podridas, que históricamente se ha documentado connivencia de encargados de zonas militares con delincuentes, que hubo un general Gutiérrez Rebollo un Quirós Hermosillo y similares, que existen cientos de carpetas de delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas que ventilan diariamente los tribunales militares, que las comisiones de derechos humanos, entre ellas la nacional, no dejan de recibir quejas.

Es decir, que no por mucho idealizar al pueblo bueno y al Ejército resulta que tiene que ser cierto. No se duda de la integridad en general de la milicia, pero sí de lo que algunos de sus miembros puedan hacer y pensar si se sienten cubiertos por un manto de impunidad que les va a justificar lo que sea. Eso es muy riesgoso para el país, la seguridad y la democracia.