"Libertad de Expresión en México amenazada por el regreso del Partido de Estado": Alejandro Jiménez

ENTREVISTA DE MARIO CAMPOS A ALEJANDRO JIMÉNEZ EN IBERO 90.9

(24 junio 2025)

En los últimos días, México ha visto un aumento en casos que amenazan la libertad de expresión, desde leyes ambiguas hasta presiones judiciales contra periodistas y críticos. Estamos ante un regreso a las prácticas del viejo partido hegemónico. Eso lo analizo junto con Mario Campos en su noticiero Radar, de Ibero 90.9 FM. Ahí revisamos las señales de alarma en estados como Campeche y Puebla, y cómo la autocensura se convierte en un efecto colateral peligroso.

[AUDIO] Presidenta Claudia Sheinbaum: Sí, así como el artículo sí lo leí. En el caso de Puebla, el caso de Campeche no conozco exactamente cómo es la situación, pero cualquier cosa que tenga que ver con la censura estamos en contra. Que quede perfectamente claro: está garantizada la libertad de expresión en México, y las y los gobernadores deben garantizarla.  

Necesito ver exactamente cuál es el tema en Campeche, enterarme bien, pero todo lo que tenga que ver con coartar la libertad de expresión no debe ser castigado, y menos penalmente. 

MARIO CAMPOS: Aquí la presidenta está mal informada o se está enterando después, porque le llegan los casos como el de Puebla cuando dicen: "Bueno, que se revise, pues sí, ya estaba publicada la ley." O en el tema de Campeche que dice: "No, pues no estoy informada, habrá que revisarlo." Lo cual es poco, o sea, si es verdad, es malo porque significa que la presidenta no está bien informada, y si es mentira, es malo porque la presidenta tendría que hacerse cargo de lo que está pasando en el país, entre otras cosas, con gobernadores morenistas como la gobernadora de Campeche, Sansores, o el gobernador Armenta de Puebla, más lo que se ha ido presentando en casos como el de Héctor de Mauleón o los dos casos que le presentamos ayer del Tribunal Electoral, que platicamos con Leopoldo Maldonado de Artículo 19: uno es de Leticia Wilkins y otro de una ciudadana que por postear algo en redes termina siendo multada o se le pide que se disculpe en sus redes personales o que tome un curso bajo el paraguas de la supuesta violencia política de género. De todo esto vamos a abordar con Alejandro Jiménez, director de opinión de la Organización Editorial Mexicana, periodista con muchas horas de vuelo.  

Querido Alejandro, ¿cómo estás?  

—Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarte. Muy contento de estar aquí platicando contigo, pero muy preocupado por todo lo que está pasando.  

—Así es. Oye, y me faltó decir que además eras del primer grupo de colaboradores de Radar, así que siempre juegas de local en este espacio, querido Alejandro.  

—Muchas gracias, Mario. Siempre muy a gusto contigo.  

—Oye, cuéntanos, ¿cómo estás leyendo el ambiente en general? Podríamos detenernos en alguno de los casos, como el de Campeche, pero más allá de un caso en específico, ¿cómo lo percibes?  

—Yo leo que esto es el regreso del partido de Estado. Dijiste que parecen casos aislados, pero en realidad hay un común denominador: el abuso de poder. Tener a la mano todos los instrumentos judiciales, el control de la judicatura, de las legislaturas, el megapoder de los ejecutivos estatales, crea el ambiente propicio para esas pulsiones autoritarias que están en todos los gobernantes, no solo de Morena. Cuando estaba el PAN tenía lo suyo, cuando estaba el PRI, pues no se diga. 

Esas pulsiones de callar, de "no me critiquen", se vuelven más fáciles para quienes están en el poder sin contrapesos. Estamos hablando de Campeche, Sonora, distintas partes de la República donde el patrón es el mismo: alguien que se queja por algo menor, como un tuit, y es acusado de violencia de género; o por escribir que hay corrupción en el estado, como pasó en Campeche –el peor y más aberrante de esos casos– con la impunidad de que no les van a hacer nada y los jueces les van a hacer caso. 

Vemos a unl Tribunal Federal Electoral, totalmente cooptado con su presidenta Mónica Soto obedeciendo ciegamente los mandatos de la 4T. Esto es el regreso del partido hegemónico, donde hasta las piezas más chiquitas se sienten con la soberbia para acallar a la prensa y a los opositores. Las nuevas generaciones no vivieron al PRI en los 70s u 80s, pero esto es lo mismo que pasaba entonces.

Yo entiendo que la gente busca bienestar votando por un mismo partido que le promete bienestar, pero cuando no hay contrapesos se dan estas manifestaciones. Ahora lo vemos a nivel municipal o estatal, pero esto puede crecer a nivel federal una vez que tengan magistrados o ministros, con una Suprema Corte compuesta por alguien como Loreta Ortiz, hostil a los medios, o Lenia Batres.

—Oye, y en un escenario como este, empieza la autocensura. Ahorita hablamos de acciones de gobiernos, pero cuando funcionan, generan un efecto inhibitorio. Así como hay quien piensa qué tuitea por si le revisan para una visa, puede pasar lo mismo aquí.  

—Sí, es el regreso a los tiempos del PRI, donde los medios se contenían ante un poder capaz de agredirlos, quitarles la publicidad o demandarlos. Los medios comienzan a ser “cautelosos”, a cerrar espacios, a decir "mejor no me meto". 

Parece ser el caso de Salvador García Soto en El Heraldo, a quien le dijeron que, pese al rating y los éxitos comerciales, preferían no tener líneas editoriales riesgosas. Igual pasó en Excélsior a finales del año pasado, donde los críticos más agudos fueron discretamente hechos a un lado.

El efecto colateral perverso es de detenerse ante el poder: Si yo como periodista me lanzo contra Layda Sansores o Armenta, sé a lo que me expongo, y comienza ese efecto de podredumbre, de "mejor no digo nada".  

—¿Cómo se relaciona el caso de Campeche con la ley de telecomunicaciones y qué acciones se deberían tomar para frenar casos similares?  

—Las acciones son echar atrás esos argumentos legales medio escondidos en leyes mayores, que permiten censurar páginas o medios donde se critique. Son larvas que se convierten en monstruos.  Hay que detener la legislación ahí.

Creo que hay suficientes ojos en la sociedad y la reacción opositora de los medios es saludable; el hecho de que tu y tyo estemos platicando esto es saludable. El hecho de que hablemos de esto detiene esas pulsiones autoritarias. Que el gobernador Armenta diga "lo vamos a revisar", o la presidenta finja ignorancia y haga como que la Virgen le habla, muestra que son tiempos donde le están midiendo el agua a los tamales. Son buscapiés para ver cómo reacciona la sociedad. 

Encuentra el audio de la entrevista en este enlace: http://bit.ly/4k56h9y

 

EPR califica de “profascistas” las reformas del gobierno

 

En su edición más reciente, el órgano del Ejército Popular Revolucionario (EPR), El Insurgente, lanza severas críticas contra el gobierno federal, a quienes acusa de impulsar reformas autoritarias, reforzar mecanismos de control social y reprimir con violencia a sectores populares y disidentes.

Destaca el señalamiento directo a las reformas legales recientes —incluidas las iniciativas sobre telecomunicaciones, desaparición forzada, y pensiones— como medidas de corte “profascista” impulsadas por el gobierno de Morena, al que el EPR acusa de continuar la política neoliberal bajo un discurso reformista. Particularmente, condena la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que califica como un intento de legalizar la censura y acallar voces disidentes.

En una línea editorial agresiva, el grupo guerrillero también acusa al gobierno mexicano de complicidad con los intereses del imperialismo estadounidense e israelí. Critica la postura del Estado frente a la agresión militar de Israel contra Irán, a la que considera una extensión del dominio imperialista. Afirma que el gobierno mexicano mantiene una actitud “timorata” y cómplice al no condenar de forma contundente al Estado israelí, al que describe como “terrorista y fascista”.

Otro eje relevante de la publicación es la denuncia sobre el creciente abstencionismo electoral en las elecciones del Poder Judicial, interpretado como señal del fracaso de la democracia burguesa. Según el periódico, la baja participación ciudadana en las recientes elecciones revela un rechazo popular al sistema político capitalista. “No fue un día histórico para las masas trabajadoras”, sentencia uno de sus artículos.

En el plano nacional, El Insurgente dedica un amplio espacio a las protestas de los trabajadores de la educación, agrupados en la CNTE, quienes exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de las Afores. El documento respalda plenamente estas demandas y denuncia la “doble moral” del gobierno federal, al que acusa de simular diálogo mientras desacredita públicamente las protestas. El fondo del conflicto, según el EPR, es que el régimen “protege los intereses del capital financiero”.

Chiapas es otro foco de denuncia. En un artículo firmado por el Comité Estatal, el EPR señala directamente al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por mantener una política represiva bajo el lema del “humanismo que transforma”. La publicación documenta la ejecución extrajudicial de un estudiante normalista y la muerte de un detenido en custodia policiaca, además de denunciar el uso sistemático de la violencia por parte del grupo élite Pakal.

Finalmente, el documento recuerda que las fechas conmemorativas del mes de mayo tienen un “sello de clase” y critica la comercialización de fechas como el Día de las Madres o el Día del Maestro, en contraste con la “memoria de lucha proletaria” del 1º de mayo o el natalicio de Karl Marx.

En conjunto, la edición 248 de El Insurgente ofrece una visión radicalizada y confrontativa del momento político nacional e internacional, y refrenda el llamado del EPR a organizarse bajo la “guerra popular” como vía de transformación.

Texto publicado originalmente en El Sol de México, el viernes 20 de junio de 2025

COMUNISTAS I y II. (Libros publicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario - Ejército Popular Revolucionario , PDPR-EPR)

 

A 18 años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los libros "Comunistas I y II" emergen como una memoria política, una acusación frontal al Estado mexicano y un testimonio de resistencia.

Ambos volúmenes recopilan artículos, poemas y comunicados del órgano insurgente El Insurgente, con los que se ha mantenido viva la denuncia por el paradero desconocido de dos de sus militantes más emblemáticos.

La obra es, ante todo, un documento ideológico. Con una narrativa intensa y militante, el libro acusa directamente a los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum de mantener una política de simulación e impunidad, mientras crece el número de desaparecidos en México. Edmundo y Gabriel no son descritos como simples víctimas: son presentados como ejemplos del “combatiente comunista”, revolucionarios desaparecidos no por error, sino por decisión deliberada del aparato represivo del Estado.

"Comunistas I" documenta también la respuesta armada del EPR a esta desaparición, incluyendo los atentados a ductos de Pemex en 2007, que se enmarcan como acciones de autodefensa revolucionaria. El libro sostiene que solo mediante la lucha armada fue posible visibilizar las desapariciones forzadas, y acusa a la clase política —incluyendo sectores de la izquierda institucional— de minimizar o negar el fenómeno.

No menos importante es la crítica a periodistas y medios de comunicación, señalados por su indiferencia, sospechosismo o servilismo con el poder. A figuras como Julio Hernández López y José Cárdenas, el PDPR-EPR les responde con cartas directas, exigiendo trato objetivo y condena explícita a los crímenes de lesa humanidad.

"Comunistas I y II" también es un homenaje: una recopilación de poesía, crónicas y mensajes que reivindican la dignidad y el sacrificio revolucionario. La obra plantea que Reyes Amaya y Cruz Sánchez no solo fueron desaparecidos, sino que siguen “librando combate” como símbolos vivos de la lucha socialista.

En tiempos donde el número oficial de desaparecidos supera los 130 mil, esta recopilación se convierte en una denuncia acumulada, pero también en una declaración política: la revolución sigue en pie, dice el PDPR-EPR, y su relato no será borrado por la censura ni por el silencio estatal.

"Vivos se los llevaron, vivos los queremos", repiten como mantra los libros. Pero también: "Vencer o morir", reafirmando que, para este partido armado, la memoria no solo es una herramienta de lucha, sino un arma política en sí misma.

Ambos textos recopilan una serie de comunicados en torno a la desaparición forzada de dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca. A lo largo de sus páginas, el documento denuncia la represión sistemática del Estado mexicano contra luchadores sociales y organizaciones populares, en un contexto de militarización y violación de derechos humanos.

Los comunicados acusan al gobierno de Felipe Calderón y al entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de detener y torturar a Reyes Amaya y Cruz Sánchez, negando posteriormente su paradero. Según el PDPR-EPR, ambos militantes fueron sometidos a brutales métodos de tortura en instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército, con la participación de asesores extranjeros. El grupo responsabiliza al Estado de su desaparición y exige su presentación con vida, junto con la liberación de todos los presos políticos del país.

El libro sitúa estos hechos dentro de un marco más amplio de represión estatal, comparándolos con la "guerra sucia" de las décadas de 1960 a 1980. Señala que, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, el gobierno ha implementado un "estado de sitio no declarado", criminalizando la protesta social y utilizando fuerzas policiales y militares para perseguir a opositores. 

También critica la injerencia de Estados Unidos en la estrategia de seguridad mexicana, así como la impunidad de crímenes como las masacres de Aguas Blancas y Acteal.

El libro II concluye con un llamado a la unidad de las organizaciones sociales y populares para enfrentar la represión, destacando la necesidad de combinar todas las formas de lucha, incluyendo la resistencia armada. Reitera su compromiso con la revolución socialista y advierte que la desaparición de sus militantes no quedará impune.